La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco es una institución con autonomía técnica, de gestión, administrativa y operativa que cuenta con agencias del ministerio público, áreas y unidades administrativas especializadas para cumplir con su fin que es investigar, prevenir y perseguir delitos relacionados con actos de corrupción.
Funciones sustantivas:
La Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco establece en el Art. 11 que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá atribuciones que se pueden enmarcar en tres grandes áreas:
Investigación y persecución
Investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción; conducir a las policías en la investigación de los delitos de su competencia y solicitar el apoyo de las aurtoridades cuando sea necesario; ejercer la acción penal ante los tribunales.
Coordinación con otras instancias
Coordinar su actuar con las instancias del sistema estatal anticorrupción. Establecer mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales.
Capacitación y promoción de la cultura anticorrupción
Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información, fomento a la cultura de la denuncia y de la legalidad, así como de prevención de delitos relacionados con hechos de corrupción.
Delitos perseguidos:
De acuerdo con sus atribuciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene facultades para conocer e investigar los actos vinculados con la corrupción en los que se involucran servidores públicos así como particulares, contemplados en el Título Séptimo del Código Penal del Estado de Jalisco:
Delitos por hechos de corrupción
1. Ejercicio indebido y abandono del servicio público
2. Abuso de autoridad
3. Cohecho
4. Peculado
5. Concusión
6. Delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos
7. Uso ilícito de atribuciones y facultades
8. Enriquecimiento Ilícito
9. Delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público
10. Ocultamiento o falsificación de rendimientos y tráfico de influencias
